PROPUESTA EN PERÚ PARA ELIMINAR POLÍTICAS REPRESIVAS A NIÑEZ EN SITUACIÓN DE CALLE

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar que está en aplicación en Perú propone dejar atrás la privación de libertad y otras medidas represivas de intervención a niñas y niños que padecen situación de calle, detalla una ponencia presentada en el IX Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia.

El trabajo explica que el Servicio de Educadores de Calle de este programa despliega una “atención no convencional y de educación no formal” de niñas y niños, para lograr la restitución de derechos vulnerados.

En la ponencia, Albán Guillén y Genaro Clody, quienes integran el programa, explican que “algunos operadores de la protección de las infancias en el Perú todavía siguen dando respuestas” que se basan en un enfoque “asistencial o represivo”, que no reconoce a niñas y niños como personas con derechos plenos.

“Al no existir claridad en el sistema estatal sobre las particularidades de esta porción de la infancia en circunstancias especialmente difíciles, se busca aplicar de manera indiscriminada medidas de corte asistencialista o represivo, que –en esencia- son una herencia de la vieja doctrina de la situación irregular”, expresan.

Esta práctica se contrapone incluso, insisten los autores, a los avances legislativos en el país, acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño.

“La arbitrariedad del sistema de protección se hace manifiesta cuando, por causas asociadas a la situación de calle”, se verifica “la indiscriminada internación de niñas, niños y adolescentes en centros cerrados para su rehabilitación”, advierten.

Frente a ello, en septiembre de 2021 se aprobó en el país el Protocolo de Intervención para el Servicio de Educadores de Calle, que prevé el contacto con niñas y niños en riesgo en las calles, restitución y ejercicio de derechos y seguimiento y egreso del sistema, en caso de logro de los objetivos.

Esto incluye, explica la ponencia, una atención especializada, que incluye medidas en caso de consumo de sustancias psicoactivas.

El texto advierte que hay que tomar en cuenta que niñas y niños que padecen situación de calle “no son un grupo homogéneo”, pues hay variaciones de edad, géneros, origen étnico, identidad como indígena, nacionalidad y discapacidad, entre otras características.

Por lo tanto, “no se les pueden dar respuestas universales”, sino personalizadas y especializadas, agrega. También explica que mediante esta política, niñas y niños reciben apoyo para que “evaluando críticamente su situación, en un proyecto de vida se propongan y encuentren alternativas a la dependencia de la calle”.

Comprende también un reconocimiento de sus capacidades, para reforzar su derecho a tomar decisiones y a actuar como “agentes socioeconómicos, políticos y culturales”.

Las ponencias admitidas y difundidas en el Congreso Mundial fueron aprobadas por un comité académico que encabezó la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López