PERÚ: COOPERAN LA JUSTICIA ORDINARIA Y LA COMUNAL DEL PUEBLO AWAJÚN

Un juzgado de familia de Moyobamba, norte del Perú, alcanzó un acuerdo con el sistema de justicia de comunidades originarias awajún para enfrentar en conjunto las situaciones de violencia que padecen niñas y niños, dice una ponencia presentada al IX Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia.

La Jueza de Familia Jenny Salvador Plasencia explica que este entendimiento, que representa un acto de reconocimiento intercultural, contribuye a intervenir en acciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes, sean del ámbito familiar o comunitario, con medidas de protección tomando en cuenta el principio del interés superior.

El pueblo awajún es originario de la selva amazónica en Perú. Son unas 40 mil personas que viven en los departamentos norteños de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. En este último se ubica Moyobamba.

El Derecho Internacional, explica la jueza, contempla el reconocimiento de los sistemas jurídicos y judiciales propios de los pueblos originarios, y esto debe combinarse con los derechos referidos a niñas, niños y adolescentes.

“Ante la vulneración de derechos, es de aplicación concordada la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos” y otros instrumentos internacionales.

El trabajo del juzgado de Moyobamba comenzó en 2019, relata, con el “Protocolo Intercultural de Protección a víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar” en las comunidades awajún.

En casos de violencia, el acuerdo permite aplicar acciones para conseguir que las víctimas reciban “protección inmediata” y acceso real a la justicia, “respetándose su identidad cultural”.

Es que, insiste el trabajo, el respeto al interés superior de niñas y niños “atañe tanto a la justicia comunal como a la ordinaria”. Para esto, “se ha logrado socializar la aplicación” de la Convención en las autoridades awajún y la adopción y ejecución de medidas de protección conjunta a favor de niñas, niños y adolescentes.

Las ponencias admitidas y difundidas en el Congreso Mundial fueron aprobadas por un comité académico que encabezaron la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, y el catedrático español Carlos Villagrasa.