PROPONEN AFIANZAR EN CHILE LA MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL PARA CONFLICTOS FAMILIARES

Un equipo de la Universidad Católica Silva Henríquez, de Chile, propuso ampliar en ese país las acciones que permitan a las familias solucionar conflictos, en especial los que involucran a niñas y niños, por medio de la conciliación extrajudicial, incluso como servicio público gratuito.

La propuesta se basa en la acción del Programa de Familia del Centro de Estudios y Atención a la Comunidad de esa casa de estudios, desarrollada en una ponencia presentada al IX Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia, por Carmen Brevis, quien integra esa institución.

El trabajo propone que el conjunto de los operadores judiciales del país interactúe y sea capacitado para disminuir la conflictividad familiar que llega a los tribunales que, sostiene, creció fuertemente en los últimos años.

El Centro tiene la misión de “brindar atención a familias que requieran servicios psicológicos, psico-educativos, mediación familiar u otro tipo de intervención terapéutica que contribuya a la resolución de conflictos que afectan la vida familiar”, explica.

Detalla que el programa recibe derivaciones de casos de tribunales de familia, con “una fuerte demanda en los últimos años” por situaciones judicializadas, con “tensiones constantes producto de la presión de las expectativas y necesidades de los actores intervinientes”, es decir los tribunales, las familias, abogados y los agentes del Centro universitario.

La mediación obligatoria prevista por la ley chilena es, agrega, un recurso para descongestionar a los tribunales, pero se desarrolla en medio de “desconfianzas mutuas y en una única sesión”. En ocasiones, explica también, la conciliación procura acuerdos solo con el fin de evitar el juicio y ofrece soluciones transitorias o superficiales.

En ese contexto, el Centro universitario ofrece una intervención más detenida, que incluye herramientas como ofrecimiento de terapia, de trabajo social y mediación.

“Las problemáticas que más se atienden se refieren a la revinculación de niños, niñas y adolescentes con algunas de sus figuras significativas, resolución de conflictos y comunicación co-parental”, detalla, y explica que el trabajo genera conocimiento y experiencia académica y demanda actualización permanente.

La ponencia de La Universidad Católica Silva Henríquez concluye entonces que “dado que este servicio tiene costo para los consultantes, se hace cada vez más urgente el que podamos contar con centros comunales, costeados por el Estado, que cuenten con equipos multidisciplinarios, que realicen prevención mediación e intervención, y que presten un servicio gratuito o a lo sumo con arancel diferenciado, para apoyar a las familias y hacer realidad el acceso a la justicia”.

Las ponencias admitidas y difundidas en el Congreso Mundial fueron aprobadas por un comité académico que encabezaron la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, y el catedrático español Carlos Villagrasa.