Los agentes judiciales que tratan conflictos familiares que involucran a niñas y niños requieren entrenamiento especial y soporte de especialistas en otras disciplinas, dice una ponencia presentada al IX Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia por integrantes del Poder Judicial del Chaco.
Las niñas y niños en estas situaciones atraviesan experiencias que los dañan emocionalmente, a menudo tienden a proteger a una adulta o adulto y a veces son forzados a tomar partido entre sus allegados en conflicto, todo lo cual debe ser tenido en cuenta por el personal judicial involucrado, agrega el trabajo.
Lorena Macuglia, Mirtha Núñez y Rosana Zeniquel, como operadoras de la Secretaría Socio Asistencial del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia número 5 de Chaco, sostienen que uno de los puntos más complejos en la intervención judicial es el relativo a la violencia familiar, sobre todo cuando quedan involucrados chicos y chicas.
En primer lugar, explican, se nota un bajo nivel de conocimiento y responsabilidad respecto del derecho al bienestar de niñas y niños, cuando las y los adultos los involucran innecesariamente en sus conflictos, como los casos de disolución de parejas.
En muchos casos, prosiguen, no se logra la solución del conflicto y en otras no queda superado por una medida judicial, como exclusión del agresor o agresora, prohibición de acceso y proximidad.
En ese contexto, percibir y registrar la percepción del conflicto por parte de chicas y chicos es un desafío para el personal judicial, pues “demanda un entrenamiento y preparación que les posibilite conocer a través de las palabras, juegos, gestos, producciones gráficas”, cómo el niño o niña está atravesando el conflicto.
En especial cuando son víctimas de violencia física o emocional, chicas y chicos tienen por lo común dificultades para expresarse. Se observan “bajo rendimiento escolar, conductas agresivas hacia sus pares, conflictos con las figuras de autoridad, retraimiento, aislamiento, conductas regresivas, autoagresiones”.
Frente a semejante complejidad, dice la ponencia, el personal judicial necesita una serie de herramientas específicas de interpretación y atención, así como apoyo interdisciplinario para escuchar a chicas y chicos y actuar en función de sus derechos.
Las ponencias admitidas y difundidas en el Congreso Mundial fueron aprobadas por un comité académico que encabezaron la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, y el catedrático español Carlos Villagrasa.
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