PROPUESTA EN TUCUMÁN: INCORPORAR EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LAS ESCUELAS

La educación emocional debe ser incorporada en todos los niveles educativos, con conocimientos específicos y equipos especializados que trabajen con la comunidad, propone Silvina Ambrosio, del Servicio de Asistencia Social Escolar de Tucumán.

En una ponencia presentada al IX Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia, la autora sostiene que docentes y demás personal escolar carece actualmente de herramientas para una situación que, dice, se agrava constantemente.

El trabajo promueve el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como personas con derechos plenos, entre ellos el de “acceder a una convivencia saludable, sin violencia”.

En su labor en sectores periféricos de San Miguel de Tucumán, dice, constata situaciones sociales complejas “inmersas en un contexto de violencia”, sea en el seno de las familias o entre pares, en los barrios, en las escuelas y clubes.

También se topa con una postura resignada de docentes, que no tienen expectativas de aprendizaje para ciertos grupos de niñas y niños. Hay en ello, dice, una estigmatización, cuando se habla de “niños problema”, “familia problemática”, “el hermano era igual de violento”, y frases similares.

La autora cita luego el cuerpo conceptual desarrollado por Lucas Malaisi, licenciado en Psicología, que preside la Fundación Educación Emocional y es director académico de la Diplomatura en Educación Emocional de la Universidad de Villa María, quien define a la especialidad como “el proceso de enseñanza de las habilidades emocionales mediante el acompañamiento”.

Ambrosio propone entonces la capacitación de la docencia y la disponibilidad de personal especializado para congregar en las escuelas a las comunidades, a fin de identificar todas las formas de violencia en las familias y proponer compromisos para afrontarla.

Las escuelas pueden desarrollar a la vez estrategias específicas con las y los alumnos, como acciones de aprendizaje y juegos, agrega.

Las ponencias admitidas y difundidas en el Congreso Mundial fueron aprobadas por un comité académico que encabezaron la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, y el catedrático español Carlos Villagrasa.