La provincia de Santa Fe está registrando un “fuerte crecimiento” de la institucionalización de niñas y niños que requieren medidas de protección excepcional, con un promedio de duración de 904 días, muy por encima de los plazos establecidos en las normas, según un estudio de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
También es muy amplio el tiempo de permanencia de chicas y chicos en las “familias solidarias” previstas en el Programa de Acogimiento Familiar, pues llega a un promedio de 587 días, seis meses más de lo que fija la norma.
La Defensoría santafesina desarrolló este tema en una ponencia de Natalia Arballo, Judith Galletti y Sandaza Priscila que fue presentada al Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia que se realiza en la ciudad de Córdoba.
El trabajo recorre la evolución de las normas en este campo, con el reglamento de familias sustitutas en 1974, la conformación de hogares de tránsito en 1985, hasta llegar en 2012 a la ley 12.967, con la cual la Subsecretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia dispuso una reformulación para aplicar la medida de protección excepcional, que contempla la familia extendida o ampliada y la familia solidaria, con prioridad de la primera opción sobre la segunda, y por último la institucional.
El estudio de la Defensoría dice que, entre los tres formatos, el acogimiento en la provincia redunda en un promedio de 904 días.
Agrega que “el paso del tiempo agudiza en las familias las expectativas de las decisiones que se toman en torno de la vida de niñas y niños bajo su cuidado”, a lo que se suma “el vínculo que se va estableciendo, los imaginarios sociales y familiares circundantes respecto de las posibilidades de adopción”.
La ponencia advierte que cuando el objetivo es superar una situación de vulneración en la vida de niñas y niños, la modalidad de acogimiento familiar “debe tener prioridad sobre los ámbitos institucionales”.
Así, propone abrir convocatorias a familias de acogimiento que sean evaluadas y preparadas, asegurar el funcionamiento de equipos profesionales, mejorar la comunicación entre el organismo interviniente y las familias y apoyar la creación de lazos entre niñas, niños y adolescentes con las familias que los recibieron transitoriamente.
Las ponencias admitidas y difundidas en el Congreso Mundial fueron aprobadas por un comité académico que encabezaron la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, y el catedrático español Carlos Villagrasa.
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