NECESIDAD DE ESTRATEGIAS PARA NIÑAS Y NIÑOS CON FAMILIARES ENCARCELADOS

Las niñas, niños y adolescentes con madres y padres privados de libertad, que a 2021 eran 217 mil, necesitan medidas específicas de apoyo para afrontar esta situación crítica, con consecuencias en los vínculos, la salud y la interacción social, advierte una ponencia presentada al IX Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia.

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, recuerda el trabajo, presentó hace ya una década recomendaciones a los Estados para que adopten medidas que mitiguen “el efecto de la acción penal” en chicas y chicos, y si bien hubo avances en años recientes, se debieron a la acción de organizaciones sociales y algunas dependencias estatales, pero no todas.

La ponencia es de Andrea Casamento, coordinadora de la Red Internacional de Mujeres Familiares e integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU; Luciano Cadoni, oficial de programas de protección de derechos de niñas y niños de la organización no gubernamental internacional Church World Service, y Andrea Triolo, ex subsecretaria de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

“Hasta hace poco tiempo”, dice el trabajo, en Argentina y la región “no se hablaba del tema ni en los medios de comunicación, ni en intercambios institucionales, y no había políticas, programas o iniciativas” para enfrentarlo.

El encarcelamiento de un familiar, explica, “agrava la situación de vulnerabilidad” de niñas y niños, por empezar porque “durante los allanamientos la policía suele actuar violentamente” delante de ellos, porque deben dejar la escuela para trabajar y cuidar a hermanos o “asumir otros roles” propios de la adultez.

El vínculo con madres y padres se ve imposibilitado por la falta de instalaciones adecuadas en las cárceles, y además se interponen barreras burocráticas, malos tratos e imposibilidad económica para los traslados.

Además, estos chicos y chicas ven dificultada su vida social porque en escuelas, clubes y centros de salud el personal no está preparado para la situación. Asimismo, experimentan vergüenza por tener un familiar preso y son víctimas de discriminación y estigmatización.

Las entidades firmantes de la ponencia describen que a partir de 2014 pusieron en marcha medidas de acompañamiento a las familias y jornadas recreativas en penales para que chicas y chicos puedan compartir tiempo y jugar con sus madres y padres, en este caso con apoyo del Servicio Penitenciario Federal y el bonaerense.

Fue creada una mesa interistitucional para consolidar estas y otras acciones, con participación del Defensor del Pueblo de la Nación, de UNICEF y organismos estatales.

Asimismo, hay un plan específico con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual 6 de 31 jueces del distrito adoptan medidas específicas hacia niñas y niños cuando hay familiares encarcelados.

Estas y otras acciones, dice el texto, produjeron “avances muy importantes”, pero “es necesario seguir profundizando estas líneas” para que el Estado actúe con respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Propone producir más información sobre este segmento de la población, fortalecer la coordinación entre la Justicia, los sistemas de protección y organizaciones civiles y capacitar al personal que, en la escuela y otros ámbitos, interactúa con niñas y niños que padecen esta situación.

Las ponencias admitidas y difundidas en el Congreso Mundial fueron aprobadas por un comité académico que encabezaron la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, y el catedrático español Carlos Villagrasa.