NECESIDAD DE POLÍTICAS CONTRA UNIONES FORZADAS QUE AFECTAN A LA NIÑEZ

La erradicación del matrimonio forzado en América Latina reclama políticas públicas con seguimiento permanente, ya que la aprobación de leyes es insuficiente para afrontar el problema que afecta principalmente a niñas, según una ponencia de académicas peruanas presentada al IX Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia en Córdoba, Argentina.

Algunos países, como Guatemala (2017), México (2020) y República Dominicana (2021) aprobaron leyes que prohíben el matrimonio de las personas de menos de 18 años, y aunque estas leyes constituyen “un hito importante”, siguen siendo “simbólicas”, porque su aplicación requiere más acciones, como interacción con la sociedad y el combate a las uniones forzadas no registradas.

Marcela Huaita Alegre y Julissa Chávez Granda sostienen en su trabajo enviado al IX Congreso Mundial, sostienen que “no sólo es necesario cambiar la norma legal, sino que todavía más importante resulta cambiar la norma social”.

La ponencia cita estadísticas de UNICEF de 2019 según las cuales 21 por ciento de mujeres adolescentes se casaron antes de cumplir 18 años. Agrega que 12 millones se casan cada año. La incidencia mayor de esta práctica se ubica en África.

En América Latina, agregan las investigadoras peruanas, “este fenómeno no ha cambiado en 25 años” y, aunque hay constataciones pendientes, las instituciones especializadas creen que la pandemia causada por la COVID 19 pudo haber agravado la situación.

Advierten que estas uniones, que representan una violación a los derechos humanos, “son difíciles de erradicar porque obedecen a normas sociales aceptadas que refuerzan el sistema de género imperante en diversos ámbitos de nuestras sociedades”.

Esto explica, agregan, que el reconocimiento progresivo de derechos de las mujeres no haya impactado en cuanto a las uniones forzadas que toman como víctimas a las niñas.

Las ponencias admitidas y difundidas en el Congreso Mundial fueron aprobadas por un comité académico que encabezaron la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, y el catedrático español Carlos Villagrasa