MODELO DE MEDIACIÓN EN CHILE PARA CONFLICTOS EN ESCUELAS

La Ciudad de Buenos Aires necesita que sus operadores judiciales tomen en cuenta acciones de protección y promoción de los derechos esenciales de niñas y niños cuyos progenitores están privados de libertad, dice una ponencia del Ministerio Público Tutelar presentada en el Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia.

Asimismo, advierte que se necesitan mecanismos de coordinación entre los juzgados nacionales que aplican sentencias en la jurisdicción y las áreas estatales que deben trabajar con las familias involucradas.

El texto advierte que las niñas y niños afectados pertenecen en su mayor parte al sector empobrecido de la población, y que “las vulneraciones de derechos preexistentes que padecen se profundizan a partir del encierro de sus referentes”.

En cuanto al acceso a la educación, dice, “se observan altos niveles de deserción, repitencia y sobre-edad, así como una falta de herramientas o conocimientos necesarios en las instituciones educativas” frente al problema. El Ministerio Público Tutelar expresa también que el país carece de datos oficiales sobre la cantidad de chicas y chicos en esta situación, aunque estima un total de 217 mil, de los cuales 29,3 por ciento vive en el área metropolitana de Buenos Aires, según datos publicados en 2021.

Las niñas y niños en esta situación ven dificultado o impedido su derecho a la vinculación, hay separación entre hermanos/as y desarraigos y, sostiene, “no hay una intervención institucional orientada a brindar asesoramiento o asistencia cuando la situación familiar lo requiere”.

La presentación agrega que se verificaron dificultades para las visitas y en los centros de detención “se producen requisas invasivas”, con carencia de lugares específicos para niñas y niños.

Frente a esta situación, el Ministerio Público Tutelar puso en marcha en 2022 una prueba piloto con seis juzgados en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad, con la apertura de un registro de las personas privadas de libertad que tienen hijos o hijas.

Con esa información, agrega, se aplican medidas de contención, y de gestión de vacantes escolares, asistencia psicológica y prestaciones sociales.

El trabajo anuncia que está prevista la ampliación a 31 juzgados.

Las ponencias admitidas y difundidas en el Congreso Mundial fueron aprobadas por un comité académico que encabezaron la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, y el catedrático español Carlos Villagrasa.