PROPUESTA DE COORDINACIÓN PARENTAL PARA FAMILIAS CON GRAN CONFLICTIVIDAD

Los conflictos en las familias, en especial entre madres y padres, llevan a una judicialización que extrema tensiones y expone a niñas y niños, por lo que es aconsejable adoptar un sistema de coordinación parental, que proponga acuerdos y acompañe su cumplimiento, según una ponencia en el IX Congreso Mundial de Infancias y Adolescencias de Córdoba.

Esta propuesta fue presentada por Raquel Riesenberg, María José Mendiburu y Diana Valor, quienes investigaron la aplicación de la coordinación parental en familias de alta propensión al litigio, con causas judiciales en juzgados multifuero de Villa Carlos Paz y Cosquín.

El modelo de coordinador parental, explican en el trabajo, incorpora a las y los progenitores y otros adultos involucrados, para lograr un tratamiento del conflicto que custodie los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La intervención, que tiende a evitar la contienda judicial, debe realizarse de manera interdisciplinaria, con un protocolo previo sobre el alcance de la acción, que establezca consentimiento informado, confidencialidad, voluntad de participación y posible arbitraje en aspectos puntuales, sostienen.

El trabajo de las investigadoras cordobesas advierte que las sentencias judiciales y sus disposiciones no siempre son respetadas en relación con cuidados, régimen de comunicación y obligaciones alimentarias de hijas e hijos.

“La desenfrenada disputa institucionalizada repercute sobre la vida e integridad de los hijos de forma negativa y atenta contra su interés superior”, advierten.

La coordinación de parentalidad en Carlos Paz y Cosquín se realizó con acuerdo de las partes en conflicto y sus letrados, operadores judiciales y personas allegadas a las familias involucradas.

La ponencia detalla las fases de intervención para proponer que la provincia de Córdoba adopte un programa de coordinación parental, que puede comenzar con la aplicación a modo de plan piloto.

Las ponencias admitidas y difundidas en el Congreso Mundial fueron aprobadas por un comité académico que encabezaron la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, y el catedrático español Carlos Villagrasa.